IMPUTACIÓN EN CONTRA DE EX SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE BUCARAMANGA

magdaamadoLa Contraloría de Bucaramanga imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, al arquitecto Álvaro Antonio Ramírez Herrera, Secretario de Infraestructura de Bucaramanga entre 2011 y 2012, por $632’185.547 como consecuencia del daño fiscal ocasionado al Municipio por el colapso de un muro de contención a punto de ser entregado en el conjunto residencial Montemayor, en el barrio La Floresta. La obra, que debió ser construida en cumplimiento de una acción de tutela en 2009 colapsó el 13 de octubre de 2011, producto de la mala planificación y una gestión ineficaz, antieconómica e ineficiente por parte de la Secretaría de Infraestructura.

A lo largo del proceso de responsabilidad fiscal se demostró que el muro no se construyó con las especificaciones presentadas por la Cdmb, una de las entidades implicadas en el fallo de tutela, que realizó unos diseños en gaviones. Por el contrario, la Secretaría de Infraestructura presentó otro diseño en modalidad de tierra atirantada, mucho más económico y sobre el cual se realizó toda la contratación y que terminó presentando serios defectos, en particular para combatir la sobresaturación de agua, que el invierno de ese año produjo y que afectó gravemente la base de toda la estructura construida. 

La obra recibió un contrato por $396.715.424 en junio de 2010 y seis meses después, una adición por $206.292.020. En abril de 2011 se entregó la obra a conformidad y en agosto de ese mismo año se firmó un tercer contrato para la construcción del llamado terraplén sobre el muro de contención por $114.530.460 y del que se pagó el 40% de anticipo. El muro colapsó cuando se construía dicho terraplén. La Contraloría de Bucaramanga archivó el proceso contra el supervisor del contrato, ingeniero Édgar Bayona Flórez, “toda vez que éste, en el cumplimiento de sus funciones, no pudo influir en el error consistente en la escogencia de un diseño inconveniente, ni tampoco estaba dentro de la órbita de sus funciones diseñar y adelantar el proceso contractual”, reza un párrafo del apartado Sobre La Conducta Y El Grado De Imputación del fallo de imputación.

También se archivó el proceso en contra del contratista, ingeniero Jaime Alberto Galán Villamizar, al considerar que “por su condición no pudo haber tenido acceso ni pudo haber influido en la confección de etapa precontractual. Es claro que el Municipio, a través de su Secretaría de Infraestructura, en cabeza del arquitecto Álvaro Antonio Ramírez Herrera, escogió el diseño de las obras que posteriormente y en virtud a su colapso, demostraron carecer de idoneidad para conjurar los peligros sobre los que la administración de justicia se pronunció oportunamente a través del ya referido fallo de tutela”.

El imputado tiene 10 días hábiles para presentar descargos y solicitar nuevas pruebas.