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DECLARACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS A RAÍZ DE ÚLTIMAS NOTICIAS DESDE CUBA

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Paula Gaviria Directora de la Oficina de Atención y Reparación Integral de Victimas.
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La unidad para la Atención y Reparación Integral de las Victimas a través de su  Directora Nacional, Paula Gaviria,  a raíz de las últimas noticias dadas a conocer desde Cuba, hizo circular en los medios de comunicación un comunicado de prensa que a la letra dice:

La Unidad para las Víctimas, atendiendo solicitudes efectuadas por medios de comunicación ante información que ha circulado públicamente, desea comunicar lo siguiente:

1.      En el período de gobierno 2006 – 2010 se aprobó el Decreto 1290 de 2008, mediante el cual se estableció el otorgamiento de indemnización a víctimas de hechos de responsabilidad de grupos armados ilegales, por hechos ocurridos hasta el año 2008.

2.      En el mismo período se tramitaron los primeros proyectos de ley de víctimas y restitución de tierras. A diferencia del Decreto 1290, el proyecto de ley permitía algunos cambios sustanciales, entre los que se puede mencionar:

•         Reconocimiento de la existencia del conflicto armado en Colombia.

•         Inclusión de víctimas de hechos cometidos por el Estado.

•         Inclusión de víctimas de hechos cometidos después del año 2008 y mientras continuara el conflicto armado.

•         Implementación de medidas de reparación adicionales a la indemnización, como la restitución de tierras y la atención en salud física y recuperación emocional, entre otras.

Dicho proyecto de ley fue archivado por el Congreso de la República por solicitud del entonces Gobierno Nacional con base en dos razones: en primer lugar, se argumentó un impacto fiscal desproporcionado de la implementación de la norma, y, en segundo lugar, se señaló que la inclusión de víctimas de hechos cometidos por la Fuerza Pública generaría una desmotivación entre sus miembros.

El mencionado proyecto de ley fue retomado por el actual Gobierno Nacional y presentado al Congreso de la República, quien terminó aprobándolo como la Ley 1448 de 2011. Adicionalmente, el gobierno expidió tres Decretos con fuerza de ley dirigidos exclusivamente a los grupos étnicos, quienes han sufridos graves daños por el conflicto armado.

3.      Al iniciar la implementación de la Ley de Víctimas, en enero de 2012, la Unidad para las Víctimas recibió un total de 440.445 solicitudes que habían sido presentadas en el marco del Decreto 1290. De estas, la gestión anterior solo había adoptado una decisión sobre el 39,7% de las mismas, es decir que se habían dejado sin respuesta un total de 265.543 solicitudes (60,3%). La Unidad para las Víctimas no solo ha culminado la valoración de todas las solicitudes que recibió como rezago del gobierno anterior, sino que, adicionalmente, ha recibido 658.594 nuevas declaraciones (al 31 de mayo de 2014), las cuales siguen el procedimiento de valoración establecido.

Por otro lado, al concluir el gobierno anterior se había indemnizado alrededor de 43.000 víctimas. Cabe precisar que entonces no se tenía contemplada una indemnización administrativa a los millones de víctimas de desplazamiento forzado. La gestión actual ha indemnizado a más de 385 mil víctimas, incluyendo a más de 12.500 víctimas de desplazamiento forzado. Actualmente se están indemnizando tanto a víctimas que habían hecho su solicitud en el marco del Decreto 1290 como a víctimas que se registraron desde 2012 en el marco de la nueva ley, y siguiendo criterios de priorización establecidos por la Unidad para las Víctimas, los cuales que favorecen a personas que pertenecen a grupos especialmente vulnerables (por ejemplo, víctimas de violencia sexual).

Más allá de la indemnización, el gobierno actual ha iniciado y liderado la implementación de importantes programas de reparación a las víctimas, inexistentes en períodos anteriores, como el programa de restitución de tierras, el Programa de Salud Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas – PAPSIVI, y el programa de reparación colectiva. Pese al enorme desafío que representa, la política de reparación integral a las víctimas se está implementando a un ritmo sin antecedentes en Colombia y en el mundo.

4.   Esta información, lejos de reflejar un retroceso, revela una eficiencia notable sin precedente alguno, y está permitiendo avanzar decididamente en la superación del subregistro histórico y en la restitución de los derechos de las víctimas del conflicto colombiano. La finalización del conflicto armado constituye una oportunidad para consolidar este esfuerzo y sería la mejor garantía para que las víctimas y la ciudadanía dejen de estar expuestos a los riesgos derivados de la violencia interna.