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DEFENSORÍA DEL PUEBLO PIDE MEDIDAS INTEGRALES DE SEGURIDAD PARA EL PERIODISTA PASCUAL GAVIRIA

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El periodista Pascual Gaviria
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La Institución considera necesario que la protección ofrecida por las autoridades garantice la vida, integridad y ejercicio profesional del comunicador en cualquier escenario de su cotidianidad. La Defensoría espera que las investigaciones abiertas respecto de las amenazas contra Gaviria Uribe permitan identificar a los responsables de esas intimidaciones.

 Bogotá, Octubre 8 de 2015. / Al expresar su enfático rechazo frente a las amenazas de que fue objeto el periodista Pascual Gaviria, según la denuncia formulada por el propio comunicador a través de su habitual columna de opinión en el diario El Espectador, la Defensoría del Pueblo solicitó medidas integrales de seguridad en su favor. Para el organismo de control, se trata de hechos delicados que ameritan una respuesta efectiva de las Instituciones, a fin de garantizar los derechos a la vida, integridad personal y al trabajo de Gaviria Uribe, no solo en la ciudad de Medellín donde generalmente se desempeña, sino en cualquier escenario de su cotidianidad.

La Entidad rectora de los derechos humanos en Colombia confía en que las investigaciones abiertas a propósito de estas lamentables intimidaciones, permitan identificar plenamente a los autores materiales e intelectuales de las mismas, pues resultan muy graves las advertencias de Gaviria sobre la presunta participación de sectores políticos. La Defensoría del Pueblo recuerda que según cifras de la Unidad Nacional de Protección (UNP), hasta el pasado 30 de septiembre eran 117 las solicitudes de evaluación de riesgo presentadas por periodistas en razón de amenazas contra su vida, 71 de las cuales fueron catalogadas con nivel extraordinario y 46 con nivel ordinario.

Por otra parte, dada la proximidad de las elecciones regionales previstas para el próximo 25 de octubre, la Defensoría reitera su llamado a las autoridades nacionales y territoriales, a fin de que se procure el máximo de garantías para los candidatos a las distintas corporaciones públicas, y se minimicen los riesgos ante posibles amenazas y atentados como los registrados en las últimas semanas. Cabe señalar que hasta el pasado mes de septiembre, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo había identificado 106 hechos de violencia en 87 municipios de 27 departamentos del país contra candidatos, servidores públicos y familiares de aspirantes a los comicios que se avecinan.