Por Wilfredo Sierra Moreno.
Durante casi toda la existencia de este país como sociedad civilizada se ha tenido a los profesores, en los diferentes niveles de la educación, como a unos segundos padres, y nunca dejaron de ser merecidos los honores y reconocimiento que todos hicimos a nuestros maestros a lo largo de la vida. Por eso cada vez que aparecen registros noticiosos en los que un profesor es agresor sexual de sus pupilos, uno no deja de sentir una rabia profunda por esos seres que son inferiores a la responsabilidad que la vida y la sociedad les entrego.
El caso del profesor de Rionegro Santander es aberrante no solo por lo sistemático que venia siendo su accionar sino por el número de menores de edad que fueron sometidos a su aberrante proceder, con todo y lo que eso implica en la marca sicológica de estos menores para el resto de sus días. Pero además, ahora surge otro interrogante: ¿cuánto más institutores y en cuantas regiones de nuestro departamento y país, abusan de su condición de poder sobre sus alumnos para seducirlos y abusarlos sexualmente? Ese trabajito de investigación debería ser un compromiso serio de secretarias de educación, rectores y asociación de padres de familia, que no deben ceder ni un milímetro en la lucha frontal contra el abuso sexual de menores.
En el caso de Rionegro un hecho agravante se sumo a la noticia y fue la forma poco ética como el señor alcalde de ese municipio trato de minimizar, inexplicablemente, la gravedad de caso, como si fuera más importante tener un extraño sentimiento de solidaridad de cuerpo que combatir el delito. ¿Qué pasa señor alcalde? ¿El respecto de la vida y la honra de nuestros niños no es para usted tan importante? ¿Con que criterios se maneja un municipio cuando, contra toda evidencia, se trata de quitar importancia a una acción que es miserable desde cualquier punto de vista? Ahí, pienso yo, también abría serios elementos para abrir investigación, porque el respeto de nuestros niños no es negociable bajo ningún argumento.
