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FAMILIA SE ENCADENA EN SABANA DE TORRES POR FALLO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

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SABANA DE TORESExigen al Gobierno revisar procesos que a favor de víctimas se adelantan en el Magdalena medio.

22 de mayo de 2014. (Tomado de eltiempo.com). Cerca de 80 personas se encadenaron en un predio de Sabana de Torres (Santander) en protesta por un fallo en el que se ordena a los propietarios entregar la finca a una familia que huyó de la zona víctima del conflicto armado. Familiares de Martha Leguizamo, dueña de la finca de 36 hectáreas conocida como La Esperanza, y propietarios de otros terrenos que por fallos judiciales deben ser entregados a sus primeros dueños en el sur del Cesar y Santander, se unieron a la manifestación pidiendo revisión de los procesos que lidera la Unidad de Restitución de Tierras.

“Fuimos la tercera familia en comprar el predio, donde tenemos diez hectáreas con palma africana, y nos exigen que lo entreguemos a los primeros dueños que aseguran ser víctimas porque los paramilitares les habrían matado uno de sus miembros. No es justo porque nos están despojando de lo que compramos legalmente y no nos dan un solo peso”, agregó Leguizamo. Los manifestantes terminaron su protesta con una marcha que terminó en la Alcaldía del municipio situado a 40 kilómetros al noroccidente de Bucaramanga.

Fabio Camargo, director de la Unidad de Restitución de Tierras del Magdalena Medio, invitó a los manifestantes a que antes de acudir a las vías de hecho recurran a los procedimientos legales donde pueden buscar una revisión de sus casos. Según las consideraciones del fallo emitido por la Sala Especializada del Tribunal Superior de Cúcuta, el terreno fue vendido por la familia a la que el Incora le entregó su posesión tras la muerte de un hijo de los dueños y las amenazas de las autodefensas al papá de la víctima.

“Sabana de Torres tuvo presencia histórica de guerrilla y paramilitares que causaron despojos de tierras. La actual propietaria de La Esperanza llegó a un predio marcado por la violencia donde hay una víctima del conflicto”, agregó Camargo. En el Magdalena medio, donde se están estudiando 1.100 casos de los que 500 finalizaron sus trámites, fueron remitidos seis casos a la Fiscalía porque, al parecer, los solicitantes no serían víctimas y habrían tratado de engañar con mentiras al Estado.