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GOBERNACIÓN, MININTERIOR Y POLICÍA NACIONAL DIERON AL SERVICIO EL PRIMER SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS DEL PAÍS, LÍNEA 123

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140304_Gobernador_Richard_Aguilar_Villa_y_director_Policia_Nacional_general_Rodolfo_Palomino_-_linea_123BUCARAMANGA. El primer Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad del País, que enlaza a Santander a través de la línea 123, fue dado al servicio este martes por el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa; el viceministro del Interior, Juan Camilo Restrepo y el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino.

El Centro Automático de Despacho del Sistema de Emergencias, que tuvo una inversión de 1.200 millones de pesos, funciona las 24 horas en el Comando de Policía Santander y está conformado por 14 módulos en los que se reciben diariamente alrededor de 700 llamadas de los municipios santandereanos.

“Esta es una herramienta fundamental para la seguridad del Departamento”, dijo el viceministro, Juan Camilo Restrepo, y expresó su expectativa de que “la comunidad haga buen uso de ella”. Entre tanto, el general Rodolfo Palomino insistió en la importancia de que la ciudadanía informe cualquier situación anómala, “incluso, antes de que ocurra el hecho, porque es más efectivo prevenir que reaccionar”.

GOBERNADOR PIDIÓ REVISAR LEGALIDAD DE ACUERDO MUNICIPAL SOBRE RECAUDO DE LA SOBRETASA AMBIENTAL EN BARRANCABERMEJA

140304_Gobernador_de_Santander_Richard_Aguilar_Villa_-_Acuerdo_Concejo_de_BarrancabermejaBUCARAMANGA. Haciendo uso de la función constitucional de revisión de legalidad, contemplada en la Ley 136 de 1994, el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, solicitó al Tribunal Administrativo de Santander estudiar la validez del artículo 1° del Acuerdo 32 de 2013, aprobado por el Concejo de Barrancabermeja, “por el cual se modifican y se incorporan algunos artículos al Acuerdo 029 de 2005 o Estatuto Tributario” de este municipio.

El Mandatario Departamental explicó que la Secretaría del Interior, al revisar el Acuerdo 32, consideró necesario que el Tribunal se pronuncie sobre la validez del artículo 1° de esta norma, con el fin de evitar inconvenientes de orden legal. A criterio del Gobierno Departamental y de acuerdo con la Ley 99 de 1993, el Concejo solo es competente para establecer la tarifa de la sobretasa ambiental, pero no para la destinación de estos recursos, dado que la Ley da a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) la potestad de hacerlo según sus planes ambientales regionales y municipales.

La ley “no obliga a invertir la sobretasa en el municipio donde se recauda”, sino que “estos recursos se deben invertir en los municipios de la jurisdicción de la corporación ambiental -en este caso la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS)-, respetando los planes de desarrollo locales, especialmente en programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y recursos naturales renovables”, dijo el Gobernador.

El Mandatario preciso además, que “no puede dársele un tratamiento especial a la sobretasa ambiental”, lo cual significa que “si se otorga un descuento o beneficio sobre el Impuesto Predial, la sobretasa debe quedar incólume y por ende cobrarse en su totalidad, debido a que la Ley 99 de 1993 no concedió la posibilidad a los municipios de otorgar privilegios, descuentos o exenciones sobre ella”.