LA LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS DEBE SER UNA PRIORIDAD PARA LA SOCIEDAD Y EL ESTADO: DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La Entidad alerta sobre el riesgo al que está expuesta cualquier persona a ser víctima de redes nacionales o internacionales que se lucran con la explotación de los seres humanos.

La Defensoría del Pueblo se suma a la campaña #EsoEsCuento en conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas

Bogotá D.C., 30 de julio de 2018. Ante las alarmantes cifras de este tipo de delito, la Defensoría del Pueblo hace un llamado para que la Estrategia Nacional de Lucha contra la Trata de Personas se incluya dentro de la Ley de Plan de Desarrollo Nacional 2018 – 2022. Lo anterior garantiza recursos económicos enfocados en campañas de prevención, persecución a victimarios, atención a las víctimas y el restablecimiento pleno de sus derechos.

La grave realidad de las personas víctimas de este delito se refleja, entre otros, en los 47 documentos de advertencia emitidos por la Entidad entre los años 2014 y 2018, a través de su Delegada para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas. En ellos se identificaron contextos de trata de personas en 13 departamentos y 32 municipios, que incluyen Bogotá.

Asimismo, estos documentos evidenciaron que varios de los actores armados al margen de la ley en Colombia están aliados con redes de trata de personas, que explotan sexualmente a niños, niñas, adolescentes y mujeres, con el fin de generar mayores ingresos para sus actividades delincuenciales.

Adicional, la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, en coordinación con las Defensorías Regionales y las duplas de género, atendieron 106 casos de mujeres que fueron presuntas víctimas de trata de personas entre 2016 y 2017.

De acuerdo con la información suministrada por Migración Colombia, entre el año 2014 y mayo de 2018, asistió a 243 posibles víctimas del delito, principalmente en casos de: explotación sexual, explotación laboral y matrimonio servil, donde el 83% correspondían a mujeres y el 17% restante a hombres. Los departamentos en los cuales más se reclutaron personas y especialmente mujeres fueron Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, así como en las ciudades de Bogotá y Barranquilla.

De igual manera, Migración Colombia reporta que los principales destinos internacionales donde estas personas fueron explotadas fueron Argentina, China, México, Ecuador, Perú, Corea del Sur, República Dominicana, Panamá, España, Alemania y Brasil.

Por su parte el Ministerio del Interior reporta que para el periodo 2014 – 2018, se han atendido 370 casos, de los cuales 280 corresponden a mujeres, 48 adolescentes, 42 adultos hombres y cinco personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

 A su vez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en el periodo 2014 – 2018 ha restablecido derechos a 84 niños, niñas y adolescentes víctimas de este delito; 56 por explotación sexual, 3 por matrimonio servil, 10 por mendicidad ajena, 14 por turismo sexual y 4 por trabajos forzados.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo también recomienda, entre otras cosas, que se adopten medidas que materialicen la Resolución 2331 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para prevenir, tipificar e investigar la trata de personas, enjuiciar a quienes incurran en ella y asegurar que rindan cuentas de sus actos, sobre todo en el contexto de los conflictos armados.

Asimismo propone la creación de un sistema nacional de información sobre el delito, así como la implementación de programas en materia de prevención, protección y apoyo a la investigación y judicialización, de las diferentes modalidades de trata de personas: matrimonio servil, mendicidad ajena, trabajo forzado, extracción de órganos y reclutamiento forzado.

La Defensoría del Pueblo insta a cumplir con la Sentencia C-470 de 2016 de la Corte Constitucional, donde se les pide a los servidores públicos que brinden una atención inmediata a las víctimas del delito y no se les exija haber denunciado de manera previa ante las autoridades competentes.