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MENOS ASISTENCIALISMO Y MÁS INCLUSIÓN SOCIAL PARA VÍCTIMAS

En audiencia ante la Corte Constitucional, víctimas y funcionarios del Gobierno hablaron de logros y retos de política pública de víctimas. Entre los logros: disminución sustancial de víctimas: 868.432 reportadas en 2002 y 82.580 en 2018. A la vez, la cobertura de educación de menores aumentó bastante: de 877 mil a 1 millón 900 mil.

BOGOTÁ, D.C “El Gobierno nacional está comprometido con hacer más eficiente y eficaz la atención y reparación integral a las víctimas y la nueva línea de la política pública de víctimas apunta a superar la mirada asistencialista, armonizándola con la política de inclusión social y productiva”. En ese sentido se expresó al director (e) de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, al intervenir en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2005.

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Dicha sentencia declaró el estado de cosas inconstitucional sobre los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado en el país y desde entonces periódicamente el alto tribunal expide órdenes y hace seguimiento a cumplimiento de las mismas.

El funcionario insistió en que el Presidente Iván Duque está interesado en “hacer un ejercicio juicioso de prórroga de la Ley 1448 de 2011 para cumplirle a las víctimas”. Se hará con responsabilidad, explicó, teniendo en cuenta que el trámite lo hace el Congreso de la República, y analizando la disponibilidad de recursos disponibles y el tiempo adecuado de la extensión de la vigencia de la Ley que por ahora va hasta el 2021.

Sobre el propósito del Gobierno, el director de la Unidad añadió: “Lo que se busca es armonizar la política pública para la inclusión social y productiva con las medidas de asistencia de la política de víctimas. Se promoverá la recuperación de sus capacidades como sujetos de derechos y agentes de su propio desarrollo; y todo tendrá un enfoque diferencial y psicosocial”.

Otro de los desafíos que asumirá el Gobierno es una mayor articulación interinstitucional entre las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv), según expresó Ramón Rodríguez. Durante la audiencia, también el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, se expresó en ese sentido: “El reto es la articulación de los entes territoriales con los nacionales porque hay una cantidad de paralelismos y es necesario ver cómo se plantea una instancia de coordinación”.

Acerca de las explicaciones que dio a los magistrados de la Corte, el director de la Unidad destacó: “Tuvimos la oportunidad de explicarle a la Corte que hemos cumplido con todas las atenciones en la inmediatez que nos han solicitado, así que tenemos un cubrimiento del 100% de las emergencias humanitarias; también hemos demostrado que no hay subregistro de víctimas, porque el registro obedece a un proceso establecido en la Ley; adicionalmente mostramos las intervenciones que hemos hecho en salud, educación y generación de ingresos, y se hizo un barrido general en la reparación tanto individual como colectiva”.

Logros y cifras

Entre los logros que destacó Ramón Rodríguez en su intervención están:

* Hoy se evidencia una disminución gradual del número de víctimas: de 868.432 reportadas en 2002, se pasó a 82.580 en 2018. * En 2018 el 59.2% de las declaraciones de las víctimas se han recibido en línea, lo cual les ha evitado gestos y desplazamientos. Esto incluye a las víctimas connacionales residentes en el exterior. * No hay rezagos en la valoración de la declaraciones (para incluir o no a la persona en el Registro Único de Víctimas). El 68% de las solicitudes son valoradas antes del término de ley. Las otras, a término.

* De los 129.066 hogares identificados con una carencia de subsistencia mínima, han sido atendidos 118.770 con al menos un giro de atención humanitaria, lo cual refleja un 92% de colocaciones de ayudas de subsistencia mínima. * La cobertura de educación de niños, niñas y adolescentes tuvo un incremento sustancial. Pasó de 877.097 en 2012, a 1.914.151 en 2018. * Más del 58% de las soluciones de vivienda que son entregadas a título de subsidio familiar de vivienda, son destinadas a población desplazada. La población desplazada se encuentra en el primer lugar de la conformación de los listados del Programa de Vivienda Gratuita. * 273.051 personas han sido acompañadas en el marco de retornos y reubicaciones

* Ya se han redireccionado recursos de atención y asistencia a reparación para aumentar el ritmo de pago de indemnizaciones. * Durante el año 2017 se giraron un total de 99.197 indemnizaciones administrativas por desplazamiento forzado. En lo que va del año 2018, se han girado 83,471 indemnizaciones, de las cuales el 95,5% han sido otorgadas a víctimas de desplazamiento forzado

* La política de víctimas debe renovarse, por lo que el Gobierno Nacional, mediante las bases del Plan Nacional de Desarrollo, traza una nueva senda para cumplirle a las Víctimas. * Las víctimas serán atendidas en la oferta social de toda la población, de acuerdo con su condición de vulnerabilidad, con condiciones explícitas de permanencia y salida.

* En 2017 y 2018, los departamentos con mayor cantidad de beneficiarios de ayuda humanitaria inmediata han sido Chocó, Valle, Antioquia, Nariño y Norte de Santander. * A la fecha la Unidad para las Víctimas cuenta con 200 espacios de atención en operación, 31 Centros para la Inclusión Social y 169 Puntos de Atención. Se encuentran en trámite 5 solicitudes de formalización de puntos de atención, aprobados para operación en 2018. * Nuevo abordaje, el cual busca que este proceso aporte a la superación de situación de vulnerabilidad, al fortalecimiento de las capacidades sociales y se articule su visión a la del desarrollo local del territorio.

En la audiencia también participaron representantes de las víctimas de varias regiones del país, además de la Vicepresidente de la República, Martha Lucía Ramírez, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el Gobernador de Nariño, Camilo Romero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entre otros funcionarios de alto nivel nacional y regional.