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PERSISTE ALTO RIESGO EN URI Y ESTACIONES DE POLICÍA, SIN QUE HAYA MEDIDAS DE CHOQUE PARA CONJURAR LA CRISIS

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2573277_n_VIR6Pese al anuncio del Gobierno para garantizar el acceso de jueces y fiscales a sus despachos a partir del 13 de enero, la problemática en los centros de detención transitoria podría ocasionar una tragedia en cualquier momento. Según el defensor, Jorge Armando Otálora Gómez, la fuga de 19 personas con medida de aseguramiento durante las últimas horas en Bogotá, es apenas un síntoma de lo que podría ocurrir si no hay correctivos inmediatos

Bogotá, Enero 5 de 2015. / El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, reiteró su preocupación ante el inminente riesgo que afrontan los detenidos en las URI y estaciones de policía del país, donde como lo advirtió el pasado 22 de diciembre, podría presentarse una tragedia ante el hacinamiento y las constantes violaciones a los derechos humanos por cuenta del sobrecupo, y afirmó que situaciones como la reciente fuga de detenidos en la capital de la República y los disturbios registrados en el centro de Barranquilla el fin de semana, son un síntoma de lo que podría ocurrir en cualquier momento .

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El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez

Si bien el Gobierno a través del Ministerio de Justicia dio a conocer que a partir del 13 de Enero, con el apoyo de la Policía Nacional, se tomarán las medidas para garantizar el acceso de fiscales y jueces a sus despachos, a fin de mitigar el impacto del paro en la rama judicial, la Defensoría considera que ante la vulnerabilidad del sistema es necesario aplicar un plan de contingencia inmediato para liberar cupos y generar traslados hacia algunos centros de reclusión. De la misma manera, y dada la magnitud del problema, el defensor Otálora Gómez, insistió en la urgencia de encontrar una salida a la operación reglamento que desde hace varios meses adelanta la guardia del Inpec, protesta que impide el ingreso de detenidos a las cárceles, restringe las diligencias de reseña y bloquea la aplicación de medidas como la detención domiciliaria.

Cabe recordar que el fin de semana la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico intervino como facilitador y garante de los derechos humanos, para lograr el traslado de 60 detenidos (35 de los cuales fueron acompañados por la Institución), quienes se amotinaron en una URI del centro de Barranquilla, cuyas instalaciones quedaron semidestruidas por los desórdenes. Según el más reciente reporte de la Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, únicamente en Bogotá los índices de hacinamiento en los centros de detención transitoria superan el 200 por ciento en cada caso, siendo el panorama de las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía como se describe a continuación:

En Engativá, con capacidad para 35 personas, alberga 84 en las celdas y 34 en los pasillos y unidades móviles. En Ciudad Bolívar, donde hay cupo para 50, permanecen 152. En Puente Aranda, cuya capacidad instalada permite 90 personas, cuenta con 298 detenidos. En Kennedy, donde se presentó la fuga, el cupo es para 50 detenidos, y hasta la semana pasada había 185. En Usaquén, donde no hay celdas dispuestas, permanecen 75 personas.

En cuanto a las estaciones de Policía del país, y contradiciendo lo establecido por la Corte Constitucional mediante sentencia T-847 del año 2000, según la cual “las salas y el personal de la Policía Nacional no están adaptadas ni entrenadas, respectivamente, para atender población carcelaria o penitenciaria”, las cifras indican que hasta el 14 de diciembre pasado había 3.525 detenidos en dichas instalaciones, de los cuales 1.601 (es decir el 45 por ciento) eran condenados, y 1.924 (el 55 por ciento) sindicados. Sólo en Bogotá, para ese día el reporte era de 685 personas detenidas en las estaciones de Policía de la ciudad, equivalentes al 19 por ciento del total nacional.